La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ofreció una disculpa pública a sobrevivientes y familiares de víctimas, por las omisiones y complicidad de los distintos órdenes de gobierno con integrantes del cártel de Los Zetas que derivó en la masacre en Allende, Coahuila.
En ese municipio, entre el 18 y el 20 de marzo del 2011, un grupo de sicarios de los Zetas terminó con la vida de 300 personas, desapareció a 28 personas y generó desplazamiento forzado de familias.
“Los Zetas en conjunto con autoridades municipales y bajo soslayo de los funcionarios de otros órdenes de gobierno desequilibraron la vida de la comunidad, en uno de los hechos más violentos de nuestra historia reciente”, aseguró Sánchez Cordero.
“Autoridades de alto nivel sabían que esta organización criminal tenía planeado que se realizaría un ataque en Allende y acordaron con ellos no entrometerse, estas autoridades durante la masacre misma, a pesar de ser garantes de la seguridad e integridad física de los habitantes, a pesar de las llamadas de auxilio, tomaron la decisión de no intervenir, peor aún también funcionarios públicos fueron los que levantaron a pobladores y los entregaron a esta organización criminal sabiendo cuál era y sería su destino”, fustigó.
ESTADO MEXICANO FALLÓ
Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Riquelme señaló que “hoy con sinceridad tenemos que reconocer que el Estado mexicano falló, les falló a las personas que fueron detenidas torturadas, asesinadas y desaparecidas…
“En el momento de la comisión de los hechos el Estado no brindó la seguridad y la paz que necesitaban para proteger su integridad y su vida, les falló porque agentes del Estado han sido responsabilizados ante la justicia por ser cómplices de estos hechos que cometieron en contubernio con la delincuencia organizada”.
El alcalde de Allende, Antero Alvarado reconoció ante las víctimas que “el estado les falló de los allendenses” y buscarán que no se repitan acontecimientos como los de marzo de 2011.
HAY RABIA
Silvia Eugenia Garza, familiar de las víctimas de Allende, expuso que le causa “rabia recordar que el Estado no hizo nada para detener tanta violencia, las llamadas al 089 no fueron respondidas, más de mil 400 llamadas en Allende y Piedras Negras, las autoridades no solamente permitieron que pasara, si no que policías participaron en las desapariciones forzadas, permitieron que además que destruyeran nuestros hogares y saquearan nuestras casas”.
El Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava señaló que la disculpa pública busca sentar un precedente respecto de que hechos como los ocurridos son inaceptables y que la sociedad exige acciones contundentes para erradicar el terrible flagelo de la desaparición de personas.
Fuente: El Universal
